+ EXTRA
San
Pedro Cholula.-
Integrantes de Antorcha Campesina exigieron al gobierno municipal obras y
servicios públicos en juntas auxiliares, ofrecidos al inicio de la
administración.
Durante una manifestación realizada
frente a la Presidencia Municipal, alrededor de 150 miembros del movimiento
advirtieron que si las autoridades ignoran sus demandas marcharán por las
calles del centro de la ciudad el próximo 16 de septiembre.
A su vez, el director de Gobernación,
Carlos Ponce Quijano, propuso establecer mesas de trabajo para analizar cada
una de las solicitudes.
Los manifestantes recordaron que en los
primeros días de la gestión, el ayuntamiento ofreció la construcción de un
bachiller en Santa Bárbara Almoloya, la pavimentación del camino al Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos que está en San Juan Tlautla, así como la
terminación de cinco kilómetros de drenaje en Santa María Acuexcomac.
Asimismo, dijeron que están pendientes
otras obras de electrificación, pavimentación y agua potable en el resto de las
juntas auxiliares del municipio.
Vendedores
informales denuncian hostigamiento
Por su parte, la representante de la
agrupación de vendedores itinerantes de San Pedro Cholula, Anayanzi Beatriz
Cuautle Gómez denunció maltrato y altos cobros a sus agremiados de parte de los
inspectores del ayuntamiento.
Relató que en muchas partes del país
existen ambulantes, pero en Cholula son artesanos y campesinos en extrema
pobreza que solo tienen esta manera de subsistir.
“Aquí nos dan o nos quitan autorización
para vender de acuerdo al ánimo de los funcionarios municipales”, señaló, al
considerar que no existe un proyecto integral para el reordenamiento comercial.
Cuautle Gómez aseguró que los afectados son vendedores de chapulies, huesitos, pepitas y artesanías textiles, como manteles, sobreros y blusas bordadas que antes pagaban 150 pesos mensuales, pero ahora se les exige “mil, cinco mil y hasta 70 mil pesos”, pues de lo contrario son retirados y su mercancía es tirada a la basura.
Cuautle Gómez aseguró que los afectados son vendedores de chapulies, huesitos, pepitas y artesanías textiles, como manteles, sobreros y blusas bordadas que antes pagaban 150 pesos mensuales, pero ahora se les exige “mil, cinco mil y hasta 70 mil pesos”, pues de lo contrario son retirados y su mercancía es tirada a la basura.
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