martes, 7 de febrero de 2017

SAN ANDRÉS Y CUAUTLANCINGO RECHAZAN PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

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Los presidentes de San Andrés Cholula y Cuautlancingo, Leoncio Paisano Arias y Félix Casiano Tlahque confirmaron el rechazo de sus respectivos cabildos a la reforma constitucional que permite al gobierno estatal administrar el agua potable en los municipios.

Entrevistados por separado, coincidieron que sus respectivos organismos operadores tienen la suficiente capacidad para brindar el servicio a sus poblaciones, por lo que han determinado pronunciarse en contra de que una autoridad gubernamental superior o una empresa privada asuma esta facultad.


Leoncio Paisano Arias, edil de San Andrés Cholula, ratificó que el miércoles de la semana pasada el Cabildo fijó una postura negativa respecto a la iniciativa del Congreso del estado de modificar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla.

Dijo estar totalmente de acuerdo con garantizar el derecho de los poblanos a la disposición y saneamiento del agua para consumo personal, suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, tanto él como sus compañeros regidores tienen dudas sobre la propuesta de los diputados locales que “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

Ante este dilema, el gobierno municipal determinó iniciar un análisis más profundo e invitar a la población a discutir la iniciativa del Congreso, pues en San Andrés Cholula es innecesario que el gobierno estatal o una empresa se haga cargo de la distribución y cobro del agua.

Además, dijo, en este municipio, la mayor parte de la población aún se abastece a través de pozos y el sistema operador hace un buen trabajo para atender a los vecinos que ya están conectados a las redes en los centros de la cabecera municipal y algunas juntas auxiliares, insistió.

Por su parte, el alcalde de Cuautlancingo, Félix Casiano Tlahque, sostuvo también que en su municipio no existe la necesidad de una concesión o que una autoridad superior asuma la responsabilidad de garantizar el servicio porque el gobierno municipal tiene suficiente capacidad e infraestructura.


“Tenemos nuestro propio sistema operador, que funciona con un consejo, que entrega cuentas a la auditoría, que tiene buenas finanzas y que ejecuta su propia obra pública”, subrayó, al tiempo de comentar que el Cabildo aún no ha sesionado para rechazar la reforma constitucional que propone el Congreso local, pero si es necesario lo hará en cualquier momento para formalizar el rechazo porque los regidores comparten esta postura.

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