lunes, 27 de febrero de 2017

ACUSA JJET ESTRATEGIA ILEGAL PARA IMPONER PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

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Al menos ocho ayuntamientos de la entidad fueron incluidos de manera ilegal y “dolosa” en la declaratoria de decreto de reforma de la fracción VI del artículo 12 de  la Constitución Política del Estado de Puebla que permite al gobierno estatal regular “las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo del agua potable” en los municipios, aseguró José Juan Espinosa Torres.

Al mostrar el Periódico Oficial del Estado de Puebla del 27 de enero, con el listado de 142 Cabildos que aparentemente validaron la modificación constitucional, el alcalde de San Pedro Cholula denunció que mediante esta “forma torpe” el Congreso y la administración estatal pretenden imponer a los poblanos la privatización de este servicio básico.


Esta estrategia que calificó de ilegal, facilitará a las autoridades de San Pedro Cholula ganar la controversia constitucional que interpuso por este motivo contra el Congreso y el gobierno estatal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizó.

En rueda de prensa realizada en la ciudad de Puebla, recordó que los regidores de San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, Santa María Coronango, San Juan Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Tepeyahualco y Libres dieron a conocer públicamente su rechazo a la iniciativa de los diputados locales.

Sin embargo, fueron incluidos desde hace un mes en la Declaratoria de decreto que reforma la fracción VI del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla

“Es claro que este proceso legislativo se hizo de forma dolosa contrario a la Ley”, subrayó, José Juan Espinosa, quien insistió la demanda de dar marcha atrás a la reforma constitucional y cerrar la puerta a la privatización del agua en Puebla.

Al expresar su seguridad de que otros Cabildos, como los siete referidos, no han sesionado para validar la modificación del artículo 12 de la Constitución poblana, consideró que esta estrategia equivocada y “torpe” del gobierno estatal permitirá frustrar rápidamente sus intenciones de entregar a empresas privadas el control del suministro y cobro del agua potable en los municipios, como ya se hace en la capital.

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