martes, 8 de diciembre de 2015

GOBIERNO ESTATAL RECHAZA POR SEGUNDA OCASIÓN ASUMIR CONTROL DEL CERESO

El secretario de Seguridad Pública
Jesús Rodríguez Almeida
+ EXTRA
Por segunda ocasión, el gobierno estatal rechazó la solicitud del alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, de hacerse cargo de la administración y operación del Centro de Reinserción Social asentado en este municipio.

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, reiteró que las leyes federales en la materia ordenan que la seguridad pública es responsabilidad compartida por los gobiernos estatales y municipales. “Y la reinserción social no es la excepción”, puntualizó.


Sobre la petición de Espinosa Torres, el funcionario estatal consideró que el edil emitió un comentario en uso de su 
libertad de expresión. Sin embargo, subrayó que no puede desentenderse de sus obligaciones.

Puntualizó que el gobierno estatal está ocupado en cumplir su deber, tal y como deben hacer también las autoridades de San Pedro Cholula.

Al respecto, recordó que la administración estatal ha desarrollado el proyecto de construcción de un nuevo penal de mediana seguridad en Huaquechula que servirá para trasladar a los internos de cárceles y Ceresos de otros municipios. Los recursos federales para concretar la obra llegarán pronto y entonces se procederá a disminuir el hacinamiento en penales como el de Cholula, pero mientras tanto, las autoridades municipales deben continuar a su cargo, reiteró.

El primero de julio de este mismo año, el gobernador Rafael Moreno Valle también pidió a José Juan Espinosa Torres cumplir con la obligación de operar el centro de readaptación, pues recibe recursos económicos suficientes para este fin por parte de los ayuntamientos de la región.

La mañana del lunes, el alcalde clausuró simbólicamente el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula en respuesta a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicitó mejorar las condiciones en que se encuentran los 670 internos, cantidad que sobrepasa cuatro veces la capacidad real del edificio que funciona como penal desde hace 35 años, siempre a cargo del ayuntamiento.

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